¿Indocumentados como reos?

COLUMBIA. — El Legislativo de Carolina del Sur analiza varios proyectos legislativos en contra de los inmigrantes, incluyendo uno que impondría una pena de cinco años de prisión a los indocumentados que se encuentren en este estado.



Carolina del Sur es uno de los estados no fronterizos que ha captado un mayor número de indocumentados en los últimos 15 años, también es uno donde la legislatura debate o debatirá en su próximo ciclo propuesta anti-inmigrantes.



"Una persona cuya presencia en Estados Unidos es ilegal y se encuentra en este estado debe ser acusada por el delito de incursión ilegal", dice el texto de la iniciativa presentada por el representante estatal John Graham Altman, del área de Charleston.



La medida establecería que los bienes, vehículos, ahorros y dinero en efectivo de los indocumentados sean confiscados por no tener un estatus migratorio legal.



Otro proyecto de ley, respaldado por 17 legisladores, pretende eliminar los beneficios de compensación por accidentes laborales como asistencia médica y salarios perdidos a los trabajadores indocumentados.



Esa normativa negaría el derecho de compensación en caso de muerte -en el sitio de trabajo o razones laborales- a los familiares de los obreros fallecidos que hayan obtenido el empleo con documentos falsos.



Mientras que una legislación denominada "Acta de aplicación de la ley contra los ilegales" daría a las agencias policiales locales facultades para ejercer funciones migratorias.



Diez representantes a la Cámara baja de Carolina del Sur propusieron prohibir que los hospitales reciban fondos estatales, incluyendo Medicaid, por atender a indocumentados.



Los inmigrantes tendrían que pagar en efectivo los gastos ocasionados por los servicios médicos que reciban.



Los servicios de asistencia pública también fueron el foco de otro proyecto de ley auspiciado por más de 15 legisladores.



El plan requeriría que los solicitantes demuestren ser ciudadanos de Estados Unidos o prueben ser residentes legales para recibir beneficios públicos.



Igualmente, la normativa determina que se exija una constancia de ciudadanía para la inscripción de votantes.



Por su parte, el Senado de Carolina del Sur estudia una propuesta de ley que sancionaría a las empresas que contraten a inmigrantes indocumentados.



La reglamentación incluye multas y suspensión de las licencias para operar en el estado a los negocios que contraten jornaleros sin papeles.

El Departamento de Trabajo de Carolina del Sur se encargaría de penalizar a las compañías infractoras.



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